El momento histórico que vivimos por el COVID-19 ha demostrado la capacidad, mayor o menor, que poseen los gobernantes para llevar adelante una correcta administración de los Estados mediante la aplicación de diferentes políticas que, por ser la opinión pública lo que está en el ojo del huracán, producen resultados que en algunos casos han dejado mucho que desear. Los Estados Unidos Mexicanos es uno de estos. Mientras que los gobernantes mesurados han tomado medidas acertadas en concordancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el accionar por parte del gobierno mexicano puede considerarse como tardío y/o ineficiente sumado a la postura indiferente por parte del presidente.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un día después de declarada la pandemia el 12 de marzo, le pedía a la población mexicana que, en resumen, mantuviera la calma pues la economía del país se encontraba fuerte, tenían finanzas públicas sanas, suficientes reservas como para paliar la situación y declaraba que le avisaría a su población cuando debían comenzar a resguardarse pues no querían tomar medidas apresuradas. Es así como contra recomendaciones expedidas por la OMS, el gobierno decidió no restringir la organización de grandes eventos deportivos, a pesar de que en todo el mundo, incluso en países con las ligas deportivas más importantes, se habían cancelado las mismas para evitar aglomeraciones de grandes cantidades de personas; no se canceló tampoco un festival de música que alojó a aproximadamente 40.000 personas; se opusieron a restringir los viajes alegando que no había ninguna evidencia científica de que esta medida pudiera mejorar la protección de la salud pública y se continuaron preparando para recibir turistas.
Días después de haber sido declarada la pandemia, México presenta un pico importante de contagios, por lo que se suspendieron todas las actividades no esenciales al igual que se pospusieron los eventos con presencia de más de 5.000 personas, pero los bares, restaurantes y otros negocios continuaban abiertos. El presidente invitaba a través de sus redes sociales a compartir en familia pues aseguraba, una vez más, que ellos avisarían cuando fuera necesario tomar medidas más estrictas. Sin duda alguna las medidas fueron improvisadas, a tal punto que el gobierno alegaba que se debía ir avanzando con la información que se fuera obteniendo, a pesar de que ya existía información suficiente para tomar medidas más severas.
En este sentido el discurso político de entrada se decantó hacia no ser riguroso con la población, partiendo quizás de un principio de responsabilidad personal, no piensan cometer una violación de derechos humanos impidiendo que la población circule por las ciudades e imponiendo una cuarentena a pesar de hacer grandes campañas que promueven el quedarse en casa. Asimismo, al día de hoy solo se ha recomendado mantener una sana distancia, solicitando el uso del tapabocas, aunque no es obligatorio, y el del gel antibacterial. Medidas que buscaron no cerrar por completo la economía y con esto calmar a la población.
La reacción tardía del gobierno mexicano se puede deber en parte a la crisis sanitaria que se dio en el 2009 con el brote del H1N1, también conocida como la gripe porcina. En respuesta a esta enfermad altamente contagiosa se adoptaron una serie de severas medidas que produjeron una reducción del PIB de 8% ese mismo año. Sin embargo, la pandemia terminó siendo menos grave de lo que se temía, pues según datos de la OMS su mortalidad fue baja. Lo más probable es que, habiendo observando estos hechos, AMLO no quiera cometer los mismos errores, y evidentemente esta es una acción netamente política pues el presidente ha tenido que lidiar con una economía estancada, un índice de violencia que va en alza además de un índice de aprobación que se encuentra tambaleando, pues en diciembre del 2019 tenía un 57% de la misma y en marzo ya había disminuido hasta el 47% según el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA).
El gobierno estima que la caída del PIB por el coronavirus se encuentre entre el 1,6% y el 4%, por lo que se busca evitar a toda costa paralizar del todo la economía mexicana, la cual esencialmente descansa en el turismo, el comercio, los servicios y en la exportación del petróleo. El plan de contingencia ante el COVID-19 a nivel económico, se basa en tres ejes principales; la inversión pública y social, la generación de empleos y la austeridad de la administración pública federal, visión que en general el presidente profesa desde el inicio de su mandato. Debido a esto se han otorgado créditos sin intereses, se han realizado reducciones del salario de altos funcionarios y la cancelación de los pagos de aguinaldo, adelanto de la pensión para los ancianos, la creación de 2 millones de nuevos empleos a través de programas que ya existen y la activación de proyectos de obras públicas.
Sin embargo, ninguna de estas acciones evita la pérdida de los empleos sino que por el contrario buscan servir de medidas populistas que respondan a las aspiraciones e intereses del pueblo mexicano. De hecho, no existe ningún tipo de protección para las grandes empresas que son los más importantes empleadores, y según declaraciones del mismo gabinete, estas no vendrán, por el contrario se le ha demandado a las grandes empresas que paguen los salarios completos al igual que los impuestos. Esto hace que México sea uno de los pocos países que no ha dado apoyo o incentivos a empresarios por el coronavirus. Ante esto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propuso a la Secretaría de Hacienda y Servicio Público un préstamo por $12 mil millones que fue rechazada por AMLO pues no pretende endeudar al país.
Ahora, luego de no poder evitar el cierre parcial de la economía, el enfoque principal del Ejecutivo descansa en presionar para reactivarla. Aunque ya se ordenó cerrar todo comercio no esencial el presidente declaró que las escuelas y empresas en los estados donde no se ha reportado infecciones pueden reabrir a partir del 18 de mayo y el resto de la economía se reiniciará gradualmente a partir del 01 de junio, al igual que los trabajos en la construcción, minería y fabricación de automóviles y autopartes.
Es así como aún en plena pandemia Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa petrolera más grande de Hispanoamérica y la sexta en ventas a nivel mundial, se encuentra en la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco a pesar de la importante caída de los precios del petróleo debido a la excesiva oferta y la baja en la demanda, que si bien tiene vieja data, se intensificó con la presencia de la pandemia, esto como respuesta a la política gubernamental de la administración de AMLO que propone revitalizar este sector a través de grandes inversiones que aseguren un aumento de la producción sin importar que las variables en el mercado no se encuentren en un punto de equilibrio.
Otros países buscan reducir sus gastos y su producción pues los mercados petroleros se equilibrarán en la medida que disminuyan su oferta. La OPEP+, consciente de la volatilidad actual del mercado y lo perjudicial que esto puede ser para la economía mundial, propuso un acuerdo para recortar la producción de crudo; Arabia Saudita y Rusia reducirían su producción a 8,5 millones de barriles por día y todos los demás miembros un 23%, cifras que podrán ir reduciéndose aún más con el paso de los meses. Ante la propuesta, la Secretaría de Energía de México a través de Rocío Nahle García se negó a aceptar el acuerdo, pues pretendían testarudamente lograr los planes de producción y gasto a pesar de la coyuntura.
La posición de México no solo puso entredicho la propuesta que pondría fin a una guerra de producción y precios entre Arabia Saudita y Rusia, sino que además hace tambalear el panorama inmediato del mercado petrolero que aún no se encuentra estable. En consecuencia uno de los actores más importantes del concierto de las naciones, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, tuvo que intervenir y asumir el recorte que la OPEP+ le exigía a México, el cual finalmente, además del acuerdo con Trump, decidió reducir su producción solo en 100.000 barriles al día en contraparte a los 400.000 propuestos, pues pretenden cerrar el año con las metas propuestas sin vislumbrar lo necesario que es el recorte temporal. El petróleo, una vez más, es usado como una herramienta política para tratar de asegurar recursos galvanizables en apoyo a la administración de AMLO.
El lunes 18 de mayo se dio la primera reunión a distancia de la OMS en donde se congregaron los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intentar coordinar una correcta respuesta a la pandemia. En la introducción el secretario general António Guterres criticó que varios de los Estados “ignoraron las recomendaciones” de la OMS y gracias a eso el mundo está pagando un “alto precio”. Mencionó que existe muy poca unidad en la respuesta al COVID-19 pues “países siguieron estrategias divergentes”. Entre ellos el caso de México.
El deseo de reactivar la economía se nota evidente ya que, como se dijo anteriormente, a partir de este lunes 18 se da “la nueva normalidad” en municipios donde no ha habido contagios. La gran interrogante es si esta medida es la adecuada, pues debemos recordar que México es el tercer país con más contagios de coronavirus para la fecha en América Latina. ¿Vale la pena acaso poner en peligro la vida de personas para reactivar la economía y de esa forma mantener el discurso vigente? Parece que AMLO está de acuerdo con pagar el alto precio.
«Los populistas crean un aura de concentración de poder. Si las cosas van bien, se benefician, si las cosas van mal, pasan factura» declara James Bosworthes en el Informe de Riesgos de América Latina del 2020.
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